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El ministro de Transportes y Comunicaciones de Chile, Andrés Gómez-Lobo, anunció que continuarán los planes de fiscalización a la empresa Uber y las que presten un servicio similar.
Gómez-Lobo señaló que “se retirarán los autos, como cualquier vehículo pirata” debido a que Uber y sus competidoras no poseen patente naranja y por eso no pagan los impuestos correspondientes.
Uber, empresa de transporte privado que ofrece traslados en vehículos particulares a quienes lo soliciten a través de una aplicación de celular, llegó a Chile en diciembre de 2014 y ya posee 10 mil conductores activos y una lista de 160 mil usuarios. Su competidora es Cabify, que tiene tres años y medio en el mercado.
El ministro dijo que son sistemas de transporte “piratas” con conductores que no tienen licencia profesional. “Le diría a la gente que tenga cuidado, que están usando vehículos que no están calificados para hacer transporte público”, señaló.
Las multas que deberán pagar los conductores que sean sorprendidos trasladando pasajeros particulares oscilan entre $680.000 y $906.000, respectivamente, además del pago del lugar al que sea trasladado el vehículo infractor.
Las directivas de Uber y Cabify se quejaron por las multas anunciadas del gobierno y pidieron al gobierno que regularice sus operaciones en el país.
“Tampoco se puede tildar de ilegal (las operaciones de los vehículos), porque es algo que no está prohibido. Por lo mismo, queremos que las reglas estén claras para que todos puedan usar y beneficiarse con Uber”, dijo Carlos Schaaf, gerente general de Uber.
“El transporte privado es muy distinto a un taxi de la calle, por lo que llamamos al Gobierno a que por favor regule porque se les está sacando el mismo parte (multa) a vehículos que tienen el permiso como a los que no”, sostuvo, por su parte, Agustín Guilisasti, gerente de Cabify.
Los sindicatos de taxistas celebraron el anuncio del gobierno, ya que desde la llegada de Uber y Cabify, las han acusado de competencia desleal y operar fuera de la legalidad.
Un grupo de congresistas opositores anunciaron un proyecto de ley para regularizar la actividad de estas empresas.
