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El movimiento de las olas ya empieza a anunciar la forma que tomará la tormenta. Aunque el futuro del proyecto de adelanto de elecciones tiene hasta tres posibles caminos –el archivo, la aprobación o la demora estratégica–, los analistas consultados para esta nota coinciden en que, sea cual sea la ruta que se tome, habrá un choque entre el Ejecutivo y el Congreso.
“La Comisión de Constitución va a hacer sufrir al presidente en todo sentido; queda claro por las posiciones que hay en este momento”, dice la analista política Mabel Huertas, socia de 50+1.
Lo más probable, coinciden los especialistas, es que Fuerza Popular y sus aliados en el Parlamento demoren todo lo posible el debate. Esto para ajustar lo suficiente el cronograma y que ya no tenga sentido realizar las elecciones.
Allí sería clave la demora que ha habido entre la presentación del proyecto de adelanto y su envío a la Comisión de Constitución: 20 días. De haberse derivado el 31 de julio, los 30 días hábiles que el reglamento del Congreso establece como plazo formal para emitir un dictamen en comisión habrían empezado a contar antes.
Hoy, en cambio, esos 30 días hábiles se extienden hasta el 7 de octubre. Karina Beteta, primera vicepresidenta del Congreso y encargada de priorizar y derivar los proyectos, no respondió a las solicitudes de entrevista para explicar esta demora.
Todo esto ocurre mientras los titulares de ambos poderes –Martín Vizcarra y Pedro Olaechea– continúan enviándose invitaciones públicas a un diálogo en el que, por el tono de sus declaraciones, ninguno parece querer hacer concesiones.
Por lo pronto, el jefe del Estado ha acotado la agenda de esta reunión al “cronograma y el procedimiento” para aprobar el adelanto de elecciones, según indicó en una entrevista a Canal N. Y Olaechea, días antes, lo había invitado al diálogo pidiéndole al mismo tiempo que “no tenga miedo de gobernar”.
“Si eso se mantiene, veo mucha posibilidad de entrampamiento y demora”, dice el politólogo Eduardo Dargent. “La posición del Congreso hoy es demorar todo lo posible este tema. Van a pedir opiniones de expertos, correr las fechas”, coincide el analista político Pedro Tenorio.
—Demora y confianza—
Una alternativa de Vizcarra para hacer frente a este juego de “ganarle por cansancio”, como lo definió en un mitin en Tacna, es la cuestión de confianza. Un arma que ya ha utilizado antes para acelerar la aprobación de sus paquetes de reforma, pero cuya constitucionalidad aún está en debate.
“Tendría un costo político”, explica Tenorio. “El Ejecutivo sabe que ir por la confianza le genera una serie de problemas, como que va a sonar feo a escala internacional”, coincide Dargent.
La estrategia de Olaechea para hacer frente a esta posibilidad parece clara: blindarse mediante consultas a especialistas en derecho constitucional. El último mes no solo ha consultado sobre el tema a la Comisión de Venecia, sino a un grupo de constitucionalistas –dos de ellos citados en esta nota–, mediante oficio múltiple.
Según el constitucionalista Luciano López, el objetivo sería no someter a trámite la moción de confianza por juzgarla inconstitucional. Esto dejaría sin piso al gobierno, que, según los analistas, hasta ahora no utiliza la confianza porque reconoce la legitimidad de este debate constitucional.
Para archivar el pedido de confianza, solo haría falta que un congresista solicite una cuestión previa, dice López. Entonces sería cuando las consultas a constitucionalistas y la respuesta –dependiendo de su sentido– de la Comisión de Venecia (que no es vinculante) resultarían útiles.
Y si eso no es suficiente, a Olaechea le queda otra capa más de protección: la demanda de competencia ante el Tribunal Constitucional que fue aprobada en la legislatura anterior. Con ella le pediría al TC que defina si la cuestión de confianza puede vincularse a la aprobación de reformas constitucionales.
—Vacancia y movilización—
Luego está el Caso Chinchero. Aunque Vizcarra no está incluido en la investigación preparatoria de la fiscal Zoila Sueno –como presidente no podría estarlo–, este documento ha despertado el fantasma de la vacancia al presidente. Los analistas coinciden en que todavía esta opción tiene un apoyo minoritario, pero las voces que la sostienen han recibido un nuevo aire.
Para Dargent, sin embargo, esta opción no crece porque podría desencadenar una movilización que los congresistas temen. Y es precisamente ese mismo factor –el ciudadano– el único que podría forzar la aprobación del adelanto de elecciones.
“A los congresistas a veces parece que no les interesa la crítica, pero la movilización directa, en las calles, sí. Ha pasado con la repartija, la ‘ley pulpín’ y la destitución de los fiscales”, dice.
“Esa es su carta más efectiva: activar a la población”, acota Huertas.
Así, sin importar cómo –dilatando o recurriendo al TC– parece que la ruta más probable es la de una colisión en cámara lenta.
Fuente: El Comercio
