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Un juez de Brasilia anuló el jueves de forma cautelar el nombramiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia del gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff, informaron fuentes judiciales.
La decisión judicial, tomada por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, anuló así el acto por el que Lula fue juramentado por Rousseff hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso.
En su decisión, el magistrado sugirió que Rousseff podría haber cometido un delito y argumentó que si Lula asume el cargo de ministro, tendrá poder para realizar una «intervención indebida y odiosa» en la Policía, la Fiscalía y el poder judicial.
La acción del juez respondió a una demanda presentada por los partidos de la oposición, que fundamentaron su petición en las causas abiertas por la Justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos y ha sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
Lula es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación y dos de los procesos abiertos contra él estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, pero fueron transferidos al Supremo debido a que el cargo de ministro le concede fuero privilegiado.
El Gobierno argumentó ante la corte de la capital la «falta de imparcialidad» del juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, uno de los que ordenó suspender el nombramiento de Lula en el cargo más importante de Brasil, después del de Presidente.
El magistrado Catta Preta había fundamentado su decisión en el riesgo de que Lula use su cargo para bloquear la investigación de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
La oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el Gobierno anunció que va a recurrir todas ellas.
La otra medida cautelar contra el nombramiento de Lula dictada por un juzgado federal de Río de Janeiro sigue en pie, por lo cual sigue impedido de ejercer sus funciones. Uno de los argumentos que se usó es que el Tribunal Supremo es una corte en la que «siete de sus once magistrados fueron nombrados por el partido actualmente en el Gobierno».
