Amnistía Internacional considera un «hecho terrible» que Perú no tenga registro de las esterilizaciones forzadas.

Lima, 7 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) consideró hoy un «hecho terrible» y una violación a los derechos humanos que el Estado peruano no tenga un registro de la cantidad de mujeres esterilizadas contra su voluntad en los años noventa, casos que investiga la Fiscalía tras unas 18 muertes por esos procedimientos.
En un comunicado público, Amnistía calificó el caso de las esterilizaciones forzadas durante la década de los noventa en el Perú como una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres a los largo del país.
«Tanto sus cuerpos como sus derechos fueron vulnerados, contra su voluntad, con engaños y con información falsa bajo la premisa de reducir la pobreza», indicó el comunicado respecto a la medida aplicada durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Amnistía recordó que actualmente hay una investigación en curso, a cargo de la titular de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, sobre 2.074 casos de mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento.
La entidad internacional hizo una recolección de firmas en 2014 para pedir la reapertura de la investigación, archivada a inicios de ese año, en la fiscalía, dado que la Defensoría del Pueblo sostiene que hubo más de 270.000 esterilizaciones en los años noventa.
De acuerdo con Amnistía, las 2.074 víctimas incluidas en la investigación fiscal preliminar, representarían sólo una pequeña parte del total de mujeres afectadas contra su voluntad, razón por la cual se justifica la creación de un registro.
«Este proceso debe realizarse de manera eficaz e imparcial para poder contar con toda la información sobre los casos», añadió.
Amnistía afirmó que «es un hecho terrible que luego de 18 años de registrarse los primeros casos de esterilizaciones forzadas aún no se tenga un registro exacto a nivel nacional del número de personas, en su mayoría mujeres, que fueron sometidas a esta violación a sus derechos humanos».
La mayoría de víctimas fueron mujeres indígenas y campesinas quechua hablantes cuya salud se vio afectada y deteriorada, de manera crónica e irreversible, como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos a los que fueron sometidas sin ser debidamente informadas.
Es el momento de que el Gobierno peruano tome la iniciativa de crear este registro para poder ofrecer justicia a estas mujeres que sufrieron esta violación a sus derechos humanos contra su voluntad, remarcó Amnistía Internacional.
De acuerdo con la documentación presentada por la defensa de las víctimas en el proceso archivado el año pasado, el entonces ministro de Salud, Marino Costa Bauer, informó en 1997 a Fujimori que, a mediados de ese año, alcanzó el 43 % de la meta de 150.000 operaciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV).
Testimonios del personal médico a cargo de las AQV revelaron que fueron presionados por las autoridades sanitarias que llegar a las metas propuestas, incluso sin el consentimiento informado de las pacientes.