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LIMA.- Siete policías heridos dejó hoy un nuevo altercado violento en la provincia de Islay, de la región sureña de Arequipa, en las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la mexicana Southern Copper, en un día donde organizaciones civiles y sindicatos de la ciudad de Arequipa se unieron al paro.
El general Enrique Blanco informó a Radio Programas del Perú (RPP) que los agentes resultaron heridos al ser impactados por piedras lanzadas con ondas en Cocachacra, donde por la mañana la policía logró desbloquear el ingreso al municipio, el centro de las protestas en Islay, que ya dejan 3 muertos y más de 200 heridos.
Blanco señaló que cuatro policías fueron trasladados en helicóptero a un hospital de la ciudad de Arequipa, donde sus habitantes iniciaron hoy, de manera parcial, un paro de 72 horas para apoyar el paro indefinido de Islay, que hoy cumple 51 días.
Cientos de manifestantes convocados por la Federación de Trabajadores de Arequipa se dirigieron a la Plaza Mayor, donde se manifestaron de manera pacífica, mientras otro grupo de ciudadanos se desplazó por la carretera que une con las ciudades de Cuzco y Puno.
En Islay se registró la muerte natural de dos personas, una de ellas, de 19 años y con un cáncer en fase terminal, viajaba en un autobús que llegó con cuatro horas de retraso a Arequipa debido a los bloqueos en las carreteras, señaló Blanco.
En Lima, el Gobierno peruano suspendió las conversaciones con Southern ante las sospechas de una presunta negociación entre la minera y los promotores del conflicto para levantar el paro a cambio de dinero, y además bloqueó las cuentas bancarias de los municipios opositores al proyecto para evitar que puedan financiar las protestas.
La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, exigió que el dueño de Southern, Germán Larrea, aclarar responsabilidades ante una conversación telefónica difundida el jueves por el canal Willax TV, donde el presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, encargaba a un abogado pedir a la minera una compensación económica a cambio de abandonar la protesta.
Southern lamentó el lunes que esa «incorrecta acción fue ocasionada por terceros ajenos a la organización» y reiteró su compromiso con el cumplimiento de la legislación peruana y su código de conducta ética.
Ortiz agregó hoy, sin embargo, que el Gobierno peruano puede iniciar acciones legales contra Southern si se encuentran indicios de encubrimiento y dijo que se ha encargado al Ministerio de Justicia que investigue el caso.
«Se está evaluando la posibilidad de un encubrimiento por parte de la empresa de este hecho delictivo, que sería la extorsión. El dirigente que, por un lado, extorsiona a la empresa y, por el otro, la empresa que no denuncia ante la autoridad», enfatizó.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ordenó hoy el bloqueo de las operaciones bancarias de la Municipalidad Provincial de Islay y de las municipalidades de los distritos de Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra.
La suspensión se realizó a petición de la Contraloría ante «el riesgo de que las municipalidades financien el paro contra el proyecto minero».
El presidente de Perú, Ollanta Humala, afirmó que el Gobierno quiere «restablecer la normalidad y retomar el diálogo con los dirigentes que realmente reflejen los intereses de la población de Islay».
Humala remarcó que para el Ejecutivo «es importante la agricultura en el Valle del Tambo» y enfatizó que su Gobierno garantiza «que eso no va a correr riesgo» con el proyecto minero, tal como afirman los opositores.
Southern anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su portavoz oficial en Perú informara su cancelación por lo que definió como «terrorismo antiminero».
La minera contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
