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Juzgado ordena a empresa detener la depredación de los bosques en Ucayali

LIMA.- Un juzgado de Ucayali ordenó a una empresa local la suspensión inmediata de sus actividades «contaminantes, extractivas y depredatorias», que han afectado los bosques en tres poblados de dos distritos de esa jurisdicción amazónica, informó hoy el poder judicial.
La titular del Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Campoverde (Ucayali), Clavelito Cuhello, dictó una medida cautelar y ordenó la suspensión inmediata de las actividades de la empresa Plantaciones de Ucayali en los caseríos de Bajo Rayal, Sanja Seca y Los Ángeles, ubicados en los distritos de Nueva Requena y Curimana, en la provincia de Coronel Portillo.
La magistrada dispuso que los representantes y trabajadores «se abstengan de realizar actividades de desbosque, quema, siembra de plantas de palma, desvíos de cauces de los caños naturales y obstrucción» en las zonas indicadas, bajo responsabilidad civil o penal, en caso de incumplimiento, indicó un comunicado de la Corte Suprema de Justicia.
Cuhello ordenó también la incautación de manera preventiva de los «especímenes presuntamente ilícitos y de los aparatos, instrumentos, maquinarias o medios utilizados para la comisión del presunto ilícito, así como conservar y cautelar evidencias incriminatorias».
La jueza abrió la investigación por los presuntos delitos ambientales y de utilización indebida de tierras agrícolas a los representantes de la empresa Rubén Antonio Espinoza, Alfredo César Rivera Loarte, Dennis Nicholas Melka, María Elena Montoya Angulo, Julio César Rivera Meza, entre otros.
La compañía Plantaciones de Ucayali fue denunciada el año pasado por la Sociedad Peruana de Ecodesarrollo (SPDE) por la presunta deforestación de 13.076 hectáreas de bosques primarios en las localidades de Nueva Requena (Ucayali) y en Tamshiyacu (en la región amazónica de Loreto) para cultivar la palma aceitera.
Según la organización ambientalista, la compra de bosques se hizo mediante el tráfico de tierras, extorsión, usurpación de predios, invasión de áreas y trato directo con funcionarios públicos.

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