PostPeru El portal de los peruanos en el mundo
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció hoy que existe «una sistemática persecución judicial a periodistas en el país por sus opiniones o por la difusión de informaciones que revelan actos de corrupción en gobiernos locales, regionales o autoridades del ámbito nacional.»
La ANP emitió hoy un comunicado en el que señaló que ve «con especial preocupación» las querellas que se han presentado contra los periodistas Rafael León, del Semanario Caretas, y Fernando Valencia, exdirector de Diario 16.
El organismo señaló que León fue denunciado por Martha Meier Miro Quesada, ex editora general del diario El Comercio, y Valencia por el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
Valencia deberá presentarse hoy ante el 7 Juzgado Penal de Lima para la lectura de sentencia en una querella por difamación iniciada por García que la ANP remarcó que «no tiene sustento jurídico.»
«Se le acusa de reproducir declaraciones del presidente Ollanta Humala contra el querellante Alan García Pérez. La jurisprudencia nacional en los casos por difamación es clara: la reproducción de declaraciones citando la fuente no constituye delito imputable», enfatizó el gremio periodístico.
León ha sido citado por un tribunal para que se presente el próximo 3 de mayo para la lectura de sentencia del proceso iniciado por Meier y la ANP remarcó que «irónicamente» ese es el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
«La querellante exige una reparación civil de 5 millones de soles (1,5 millones de dólares). León podría ser sentenciado a tres años de prisión efectiva por la columna de opinión que publicó en Caretas, en abril del 2014», alertó.
La ANP consideró que ambas querellas se interpusieron «con la clara intención de coartar los derechos de información y opinión».
La asociación también indicó que tiene el registro de más de un centenar de querellas contra periodistas en los cinco últimos años en Perú, «impulsadas la mayoría de veces por funcionarios públicos con el fin de generar una atmósfera de temor en torno a la investigación y divulgación de determinados hechos.»
«Todos los casos responden a un patrón general, la posibilidad de cárcel efectiva para los periodistas y la demanda de reparaciones millonarias que de aplicarse llevarían a la quiebra a medios de comunicación y silenciaría periodistas», acotó.
La ANP remarcó que desde hace más de dos décadas lleva adelante una campaña para «Despenalizar los denominados delitos de prensa», con el objetivo de eliminar la posibilidad de prisión para periodistas en casos de injuria, calumnia y difamación.
«Para la ANP las leyes de calumnia e injuria en lugar de proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el discurso que se considera crítico», dijo.
La Asociación demandó al Congreso «que cumpla con el deber de derogar aquellas normas penales que solamente han servido para imponer la censura y coartar la libertad de prensa» y alentó «fraternalmente a todos los periodistas para que se sumen a esta tarea de lograr la despenalización de los delitos de prensa».
