LIMA. El pedido del Gobierno para recibir facultades legislativas por 120 días entró en una fase decisiva en el Congreso, pero las comisiones que lo vienen evaluando ya muestran posiciones diferentes sobre cuánto margen debe concederse al Ejecutivo.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por 9 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, un informe que considera no viable otorgar las facultades solicitadas en ninguno de los 16 puntos que corresponden directamente a sus competencias. El pedido del Ejecutivo abarca materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario y simplificación administrativa.
Horas después, la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado y Contraloría tomó una posición distinta. Por 10 votos contra 9, aprobó una opinión favorable para otorgar facultades en materias específicas vinculadas con simplificación administrativa, eliminación de barreras burocráticas, calidad regulatoria, transformación digital y modernización del Estado, aunque no respaldó íntegramente todo lo solicitado.
Las decisiones de ambas comisiones no representan todavía una aprobación o rechazo definitivo. Sus informes serán remitidos a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, encargada de continuar el análisis de la Proposición Legislativa 00098-2026-2031-CD antes de que el tema pueda avanzar hacia una decisión del pleno.
El presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres Morales, pidió acelerar el proceso y sostuvo que el Parlamento debe responder con rapidez ante asuntos que considera urgentes. El debate, sin embargo, muestra que no existe todavía un criterio uniforme entre las bancadas sobre la amplitud de las facultades que debería recibir el Gobierno.
El punto central de las próximas sesiones será determinar qué materias podrían ser delegadas al Ejecutivo y cuáles deberían continuar siendo discutidas y aprobadas directamente por el Congreso. La decisión final tendrá impacto en la velocidad con la que el Gobierno pueda emitir decretos legislativos en áreas como seguridad, economía y reforma del Estado.
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