Sigue el bloqueo en una gran mina en Perú tras entrar en prisión los abogados de la protesta

Lima, 4 abr (EFE).- El bloqueo que desde hace casi dos meses mantiene una comunidad de campesinos peruanos sobre la mina de cobre Las Bambas, productora del 2 % del cobre mundial, puede alargarse tras el ingreso en prisión preventiva de sus abogados, imputados por una presunta extorsión a la empresa minera.
Los vecinos de la comunidad de Fuerabamba aseguraron este jueves que continuarán la protesta mientras no sean liberados sus dos asesores legales, quienes el miércoles ingresaron en prisión preventiva por 36 meses junto al exgerente de la minera MMG en Perú Carlos Vargas.
Según la Fiscalía, los hermanos Frank y Jorge Chávez formaban una organización criminal dedicada a delitos de extorsión, falsificación y tenencia ilegal de explosivos.
Ellos dos reclamaron presuntamente 100 millones de soles (unos 30 millones de dólares) a la minera a cambio de que la población de Fuerabamba no cerrara el paso a los camiones que transportan el mineral extraído del yacimiento.
Juntos a los dos abogados también fue detenido el líder de Fuerabamba, Gregorio Rojas, quien estuvo bajo arresto durante ocho días hasta que el pasado viernes se le otorgó libertad condicional.
El reclamo de la comunidad es una compensación económica por el paso diario de cientos de camiones por un predio que es de su propiedad desde 2011, cuando la minera se lo entregó a cambio de otras tierras que iban a ser parte de la excavación.
Sin embargo, tanto la empresa como el Gobierno afirman que la carretera existía antes de que este terreno pasase a manos de la comunidad.
El primer ministro, Salvador Del Solar, ha mantenido un primer encuentro con Rojas para intentar encontrar una solución que permita a la mina seguir exportando cobre hacia China, cuyas exportaciones están detenidas desde hace casi dos meses.
Asimismo, la mina corre el riesgo de tener que detener su actividad al quedarse sin espacio para acumular el mineral dentro de sus instalaciones.
Las Bambas, traspasada en 2014 de la suiza Glencore a MMG, de capitales chinos, por unos 10.000 millones de dólares, se encuentra en la provincia de Cotabambas, en la región Apurímac, a 4.000 metros de altitud.
Desde entonces, el paso de los camiones por las comunidades aledañas, que no estaba previsto inicialmente en el proyecto, ha sido el motivo de un conflicto, con periódicas protestas que tuvieron graves picos de violencia en los que murieron cuatro personas entre 2015 y 2016.
El yacimiento tiene reservadas calculadas en 7,5 millones toneladas de cobre, de las que 452.000 fueran extraídas en 2018, lo que supone un 2 % de las 20 millones de toneladas que se produjeron a nivel mundial y un 18,8 % de las 2,4 millones de toneladas que aportó Perú, el segundo productor mundial de cobre, plata y zinc.