Perú oficializa el registro de las víctimas de esterilizaciones forzadas.

Lima, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Perú oficializó hoy, mediante un decreto supremo, la creación de un registro de víctimas de las esterilizaciones forzadas que supuestamente se realizaron durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
El decreto, publicado en el diario oficial El Peruano, autorizó la creación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de identificar a las víctimas y garantizar su acceso a la justicia.
Esto permitirá brindar atención integral de salud, acompañamiento psicológico y asesoría legal gratuita a «las personas que se consideren víctimas de esterilizaciones forzadas» a nivel nacional y que se encuentren incluidas en el Reviesfo.
La medida fue adoptada por el Gobierno en el marco del reconocimiento de la aplicación de «prácticas médicas sin consentimiento, ni información necesaria» por parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar aplicado durante el Gobierno de Fujimori.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aldo Vásquez, aseguró hoy en una rueda de prensa que su cartera «asumirá la defensa jurídica de las víctimas» y garantizará el acceso a justicia en «un tema sensible y largamente esperado».
La primera dama de Perú, Nadine Heredia, saludó hoy la decisión en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, donde afirmó que «termina una larga espera, empieza un tiempo de justicia».
A fines de octubre pasado, Heredia señaló que «hubo épocas en que la mujer fue violentada» y que ahora se necesita «invocar a la justicia, que se haga justicia».
«No más abusos contra la mujer. Aquellos que se dicen padres o madres deben ser los primeros en denunciar cualquier abuso o violencia contra la mujer, pensando en sus hijos y en el futuro del país», agregó Heredia en ese momento.
Hasta ahora se desconoce cuántas esterilizaciones se hicieron en total, aunque la Defensoría del Pueblo ha señalado que fueron 272.028 y el Ministerio Público identificó 2.091 presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas.
En octubre pasado Amnistía Internacional (AI) solicitó al Estado peruano que elabore un registro único de víctimas, un sistema de reparaciones y agilice las investigaciones para llegar a juicio y evitar que el caso se archive nuevamente.
El caso había sido archivado en mayo de 2009 con el argumento de que no se había encontrado indicios criminales en los investigados, pero en junio de 2013 fue reabierto en cumplimiento de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, en enero pasado se archivó nuevamente, pero en mayo el fiscal superior penal Luis Landa revocó esa decisión y la investigación de las esterilizaciones forzadas se encuentra actualmente a cargo de la fiscal supraprovincial de Lima Marcelita Gutiérrez y comprende las denuncias de 2.074 personas.
El miércoles pasado, durante una conferencia presentada en Lima, el exmagistrado de la Audiencia Nacional de España Baltasar Garzón cuestionó al Estado peruano por no aplicar reparaciones a las afectadas luego de veinte años de ocurridas las esterilizaciones forzadas.