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Juicio por "narcoindultos" dirime la presunta corrupción en el Gobierno de García
El exfuncionario Facundo Chinguel (c) ingresa al juicio oral en el penal de Piedras Gordas en Lima. Chinguel presidió la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, acusada de permitir los indultos. EFE/Andina
Juicio por "narcoindultos" dirime la presunta corrupción en el Gobierno de García El exfuncionario Facundo Chinguel (c) ingresa al juicio oral en el penal de Piedras Gordas en Lima. Chinguel presidió la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, acusada de permitir los indultos. EFE/Andina

El juicio por narcoindultos dirime la presunta corrupción en el mandato de Alan García

Lima, 22 jul (EFE).- El juicio sobre los “narcoindultos” en Perú comenzó hoy con el fin de determinar la implicación de 14 personas en presuntos sobornos para conmutar penas a sentenciados por narcotráfico, en el que constituye el posible mayor caso de corrupción durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011).
Entre los testigos del proceso no está citado el expresidente García, pero sí su exministro de Justicia Aurelio Pastor, quien actualmente cumple una condena de cuatro años y medio de prisión por un delito de tráfico de influencias.
La audiencia se celebró en la prisión de Piedras Gordas, situada en el norte de Lima, donde se encuentra recluido el extitular de la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia Facundo Chinguel, el principal implicado en los “narcoindultos” y para quien la Fiscalía pide 17 años de prisión.
Entre los acusados están la exsecretaria de la comisión de gracias presidenciales Noelia Gómez y los trabajadores de esa comisión Manuel Carrera, Dámaso Luyo, Freddy Vilela, Fabiola Ojeda y Jaime Acevedo.
También son enjuiciados el exfuncionario José Marruffo y los exdelegados de los presos del penal de Lurigancho Carlos Butrón, Henry Cutipa y Rafael Agurto, además de Bernardina Niquén, quien no estuvo presente en la audiencia.
El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los magistrados Guillermo Huamán, María Guillén y Francisco Medina, decidió suspender la audiencia hasta el 30 de julio próximo después de que Manuel Carrera alegara que no había tenido tiempo ni medios para contratar un abogado.
Durante la audiencia, el fiscal Walter Delgado solicitó penas de entre 3 y 17 años por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado y la sociedad.
También estuvo presente el procurador anticorrupción Joel Segura, cuya institución reclama una reparación civil ascendente a 100 millones de soles (unos 31,5 millones de dólares).
A la salida de la audiencia, el procuraor dejó abierta la posibilidad de que el expresidente García sea citado como testigo, si es que la Fiscalía o la Procuraduría lo consideran necesario para ratificar las declaraciones que se hagan durante el juicio.
“Estaremos atentos y haremos el pedido que sea necesario. Hasta ahora no ha habido una mención especial a esta persona (García) en las declaraciones de los imputados y por eso no está como testigo”, declaró Segura a los periodistas.
El procurador aseguró que durante el juicio se probarán 23 casos de personas condenadas por el delito de tráfico ilícito de drogas que obtuvieron la conmutación de sus penas a cambio de pagos a funcionarios de la comisión de gracias presidenciales.
El juicio se celebra después de que una comisión del Congreso que investigó las denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante el segundo Gobierno de García determinara el año pasado que entre 2006 y 2011 se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
Esa comisión también indicó que se conmutaron las penas de 1.628 condenados por delitos de robo agravado y de 180 por hurto agravado.
La comisión recomendó denunciar penalmente a los funcionarios implicados en estos casos y acusar constitucionalmente a García por haber otorgado indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Sin embargo, un tribunal ordenó la anulación de esa investigación legislativa con el argumento de que no se había respetado el debido proceso a Alan García, quien niega haber cometido alguna irregularidad durante la firma de los indultos ya que, según indica, solo se basaba en los informes de los expertos.

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