La Policía, por su parte, alegó en un comunicado que algunos «manifestantes radicales» se desviaron de la ruta autorizada para la manifestación, causaron cortes de tráfico y se reunieron ilegalmente en frente a la mencionada comisaría para «prender fuego en varias zonas, dañar vehículos y lanzar objetos contra el edificio».
Añadió que pidieron a los manifestantes que abandonaran el lugar, pero éstos se negaron, lo que provocó enfrentamientos que se saldaron con los más de 20 detenidos.
Decenas de miles de hongkoneses volvieron a expresar este sábado su rechazo al Gobierno y exigieron reformas democráticas en una marcha que recorrió algunas de las arterias comerciales de la ciudad.
Los manifestantes ignoraron las advertencias de Pekín con sus protestas y este domingo planean otras dos marchas, en la isla de Hong Kong y en la bahía de Tseung Kwan O.
Mientras tanto, miles de partidarios de Pekín, en su mayoría vestidos de blanco y portando banderas de China, se reunieron también este sábado para mostrar su apoyo al Gobierno local.
La protesta se produjo después de que miles de funcionarios públicos dieran un paso sin precedentes asistiendo el pasado viernes a una concentración en la que pidieron al Gobierno hongkonés que escuche a la gente.
La Justicia hongkonesa se erigió la semana pasada como protagonista de la crisis después de que la Policía acusase formalmente a 44 personas de «revuelta», un delito penado con entre 5 y 10 años de prisión, aunque todos menos uno -que no compareció- quedaron en libertad bajo fianza hasta la próxima vista, prevista para el 25 de septiembre.
Asimismo, saltaron las alarmas entre las fuerzas prodemócratas después de que la guarnición del Ejército chino en la ciudad publicase un vídeo el pasado miércoles en el que se muestra a los soldados llevando a cabo entrenamientos antidisturbios y a uno de ellos gritando: «las consecuencias serán por vuestra cuenta y riesgo» en cantonés, el idioma más utilizado en Hong Kong.
Las manifestaciones comenzaron a principios de junio en Hong Kong contra una controvertida propuesta de ley de extradición y han derivado hacia demandas más amplias sobre los mecanismos democráticos de la ciudad, cuya soberanía recuperó China en 1997 con el compromiso de mantener hasta 2047 las estructuras establecidas por los británicos.
A pesar de que la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, dio por «muerto» el proyecto de extradición, los manifestantes no se dieron por satisfechos y han seguido inundando las calles de la ciudad durante los últimos ocho fines de semana.
Fuente: El Comercio