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El Congreso peruano, donde solo 39 de sus 130 congresistas son mujeres, aprobó en la noche del viernes la ley orgánica que debe poner en marcha la Junta Nacional de Justicia, tras un largo debate donde uno de los puntos más conflictivos fue la paridad de género. EFE/Archivo
El Congreso peruano, donde solo 39 de sus 130 congresistas son mujeres, aprobó en la noche del viernes la ley orgánica que debe poner en marcha la Junta Nacional de Justicia, tras un largo debate donde uno de los puntos más conflictivos fue la paridad de género. EFE/Archivo

La reforma de la justicia peruana se hará sin paridad de género

Lima, 2 feb (EFE).- La reforma de la justicia peruana se hará sin paridad de género después de que el Congreso no contemplase el mismo número de mujeres que de hombres en la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), como en inicio había previsto el Gobierno para este órgano que deberá purgar la judicatura de magistrados corruptos.
El Congreso peruano, donde solo 39 de sus 130 congresistas son mujeres, se aprobó en la noche del viernes la ley orgánica que debe poner en marcha la Junta Nacional de Justicia, tras un largo debate donde uno de los puntos más conflictivos fue la paridad de género.
El documento salió adelante con ochenta votos a favor frente a dieciséis en contra, procedentes mayoritariamente de la izquierda, que declinó dar su apoyo a la iniciativa si el texto no garantizaba la paridad entre otros detalles como que los candidatos no estén imputados.
Para ellos los principios de meritocracia e igualdad contemplados en la norma no garantizan que, los siete miembros que tendrá la Junta Nacional de Justicia, al menos tres de ellos sean mujeres.
«La paridad no era nada contrario a la meritocracia, sino que permite que el concurso sea parejo», advirtió Richard Arce, portavoz del bloque de izquierdas Nuevo Perú.
Antes de llevarlo al pleno del Congreso, el texto fue consensuado entre las comisiones parlamentarias de Justicia y Constitución, a cargo del oficialista Alberto Oliva y la opositora fujimorista Rosa Bartra, respectivamente.
Bartra, que forzó a los oficialistas a quitar del texto la cláusula de la paridad, consideró que la participación de la mujer en la JNJ ya está garantizada por el principio de igualdad de la Constitución y que exigir una cuota de género hizo retrasar «innecesariamente» la aprobación del texto.
Todo el debate parlamentario se produjo el mismo día que el hemiciclo suspendió por 120 días al congresista fujimorista Luis López Vilela después de que su colega en el hemiciclo Paloma Noceda lo denunciase por tocamientos indebidos.
También se desarrolló sin que el parlamento le levante aún la inmunidad al legislador fujimorista Moisés Mamani para que el Poder Judicial pueda procesarlo por los presuntos tocamientos indebidos que propinó recientemente a la azafata de un avión.
La nueva Junta Nacional de Justicia será escogida por concurso público a cargo de una comisión especial, que se formará en cuanto el Gobierno promulgue la ley orgánica aprobada por el parlamento, y que estará compuesta por no menos de tres hombres.
En ese comité de selección estará el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume; y el contralor general de la República, Nelson Schack.
La única mujer de momento será la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, mientras que aún no se conocen a los dos rectores que deben ser elegidos por las universidad públicas y las privadas, respectivamente.
Ellos deberán elegir a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes deberán ser abogados con al menos 25 años de experiencia profesional o de cátedra universitaria o con 15 años de investigación en materia jurídica.
No pueden participar en el concurso aquellos letrados que tengan condenas firmes por delitos dolosos ni tampoco aquellos que hayan participado en organizaciones políticas.
La JNJ sustituirá al desmantelado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), algunos de cuyos siete miembros, entre ellos seis hombres y una mujer, fueron protagonistas de un gran escándalo de corrupción descubierto en la judicatura del país y que marcó la agenda política de Perú durante toda la segunda mitad del 2018.
Parte del CNM participaba en una amplia red de tráfico de favores, influencias y prevaricación entre jueces, empresarios y políticos que tenía como presunto cabecilla al exjuez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España tras haberse fugado de Perú.
El nuevo órgano asumirá la función de designar jueces y fiscales y también tendrá la potestad de suspenderlos o de retirarlos, y durante seis meses podrá revisar los nombramientos hechos anteriormente por el CNM para revertirlos en casos de que encuentren indicios de corrupción.
También se encargarán de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).